Pensionistas y discapacitados anuncian protestas por los recortes en Dependencia

Los afectados advierten que "no están dispuestos a ir hacia atrás" en la aplicación de la ley

Dos días después de que el Ejecutivo anunciara importantes recortes en el sistema de dependencia, representantes de pensionistas y personas con discapacidad se han unido esta mañana para denunciar que el Gobierno no ha tenido la opinión de los colectivos afectados y reclamar que se abra un proceso de diálogo antes de adoptar cualquier medida. "Exigimos que esta reforma sea sometida a un proyecto de ley para que todos podamos participar y que dé lugar a un pacto de Estado", ha declarado el presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), Luis Pérez Bueno, antes de anunciar "un periodo de contestación y movilización social", aunque sin aportar detalles.

En una rueda de prensa en la que han estado presentes, además del presidente del CERMI, los de la Unión Democrática de Pensionistas (UDP) y la Confederación Española de Organizaciones de Mayores (CEOMA), los representantes de estos colectivos han advertido que "no están dispuestos a ir hacia atrás" en la implementación de la Ley de Dependencia.

"La Ley de Dependencia es un bien social para personas con extrema discapcidad puedan llevar una vida mínimamente digna", ha recordado Pérez, que, sin embargo, se ha mostrado decepcionado por cómo se ha desarrollado su aplicación. "Después de cinco años, su resultado es muy insatisfactorio. No por la ley, sino por la forma precaria en que se ha aplicado, con continuos retrasos en los pagos y recortes presupuestarios", ha subrayado.

Por su parte, el presidente de UDP, Luis Martín Pindado, ha rechazado especialmente el recorte del 15% en la paga a los cuidadores familiares anunciado el martes, y ha opinado que los familiares deben cuidar al dependiente solo en "caso de eventualidad, pues deben ser profesionales quienes estén al cuidado del dependiente". Aunque ha reconocido que en algunos casos se han identificado fraudes, como aquellos en los que "el cuidador y el dependiente viven en diferentes provincias", ha asegurado que no son generalizables ni pueden servir de excusa para recortar "este derecho".

Pindado ha lamentado que el Gobierno no haya dialogado con los representantes de los pensionistas y ha comparado este proceso con el "reconocimiento que supuso la Ley de Dependencia", que fue aprobada en septiembre de 2006, y que "tenía en cuenta" la opinión de las personas mayores. Además, ha recordado que hay "más de ocho millones y medio de pensionistas en España", el 17,8% de la población.

Fuente: El País

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