Hoy, 10 de octubre, se celebra, como todos los años, el Día Mundial de la
Salud Mental. Lo importante este año es defender el modelo de atención
sanitaria y social que, debido a la crisis económica, está en riesgo de
demolición. Cierto es que en unas comunidades autónomas más que en
otras, pero precisamente por eso hay que hacer un esfuerzo por preservar
lo logrado en Andalucía como modelo avalado internacionalmente.
El proceso de reforma psiquiátrica acaecido en Andalucía en los
últimos veinticinco años tiene una trascendencia sin precedentes. En
este periodo se ha modificado por completo el modelo de atención,
transformando un modelo de beneficencia en uno integrado en el sistema
sanitario público general, con el reconocimiento de todos los derechos
de atención a las personas que sufren algún trastorno mental. Todo ello
ha estado enmarcado en las directrices de la Organización Mundial de la
Salud (OMS) y ha seguido lo que la evidencia científica ha demostrado
satisfactorio para la recuperación de estas personas.
El impulso recibido en la última década ha sido decisivo para el
desarrollo de los servicios, si bien puede decirse que no se ha logrado
la consolidación de la estructura implantada, pues no se ha creado
plantilla, es decir, la gran mayoría de profesionales incorporados en
este tiempo lo han hecho mediante contrataciones temporales, lo que
supone que en un momento determinado pueden recortarse los contratos o,
en el peor de los casos, dejar de formar parte de la estructura, o sea
la extinción definitiva. Y ese momento ha llegado: desde el pasado 1 de
septiembre se les ha recortado el contrato en un 25% a los profesionales
eventuales del Servicio Andaluz de Salud.
El impacto de esta medida en los servicios de Salud Mental es de
tal calibre que pone en cuestión no solo la cartera de servicios actual
-como puede suceder en otros servicios-, sino incluso la viabilidad del
actual modelo de atención. Se estima en más de doscientos los
profesionales afectados; la inmensa mayoría, más del 60%, psiquiatras y
psicólogos. A este recorte hay que añadir el que sufren los
profesionales temporales de Faisem -fundación pública que provee
recursos sociales- por la aplicación del Decreto-Ley 1/2012, sobre las
diferentes medidas para el reequilibrio económico-financiero; y,
abundando en esta faceta, también hay que destacar los recortes de
recursos provenientes de la ley de dependencia que afectan directamente a
Faisem como institución, que no podrá crear nuevos servicios y, por
otro lado, a pacientes, pues al dificultar el acceso a recursos sociales
específicos mediante el requerimiento que se exige en las nuevas
valoraciones, no podrán acceder a servicios fundamentales: viviendas,
casas hogar, centros de día, etc.; de tal forma que en la actualidad se
da la paradoja de que determinados pacientes que están alojados en
viviendas o asisten a un centro de día no cumplen los requisitos de
valoración.
Los recortes en los contratos de los profesionales eventuales
afectan en general a todos los servicios sanitarios, pero en mucha menor
medida que en los servicios de Salud Mental, no sólo por el volumen de
profesionales afectados y la merma en los servicios sociales
específicos, como se ha dicho, sino por la distribución territorial de
los servicios y la alta diversidad de carteras disponibles: atención a
la infancia, atención comunitaria, hospitalizaciones, diferentes
abordajes psicoterapéuticos, etc. Todo ello hace que la pérdida sea
cualitativamente mucho mayor, pues los distintos profesionales que
intervienen en los distintos nodos de la red no son intercambiables en
el territorio y tampoco se podrían acumular tareas tan distintas para un
mismo profesional.
En este marco, el modelo comunitario de salud mental -avalado
por la evidencia científica disponible en cuanto a resultados de
integración y recuperación- corre el riesgo de ser sustituido por un
modelo de consultas masificadas, olvidando la rehabilitación y
marginando de nuevo a los pacientes más graves a instituciones cerradas
donde se renuncia de forma irreversible a la recuperación de esas
personas.
Los profesionales, usuarios y familiares debemos defender lo
conseguido en Andalucía y no permitir el desmantelamiento de las
estructuras sociosanitarias implantadas para evitar, por un lado, el
riesgo de marginación y exclusión social de personas con trastornos
mentales graves y, por otro, la asistencia precaria de los trastornos
mentales comunes.
Fuente: Diario de Sevilla
10 octubre 2012
La atención a la salud mental, en peligro
Etiquetas:
CONCIENCIACIÓN,
CUIDADOS SANITARIOS,
INVERSIÓN SOCIAL
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