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10 enero 2013

"Beneficio marginal" o la salud en manos de la economía depredadora

El jueves y el viernes de la semana pasada [a comienzos de diciembre de 2012] se celebró en el hospital Son Llàtzer un encuentro sobre la sepsis y su derivado el shock séptico. Las jornadas fueron muy interesantes, los ponentes hicieron presentaciones claras y didácticas, los asistentes participaron activamente en los coloquios y se extrajeron conclusiones estimulantes. La sepsis es, en esencia, una respuesta inflamatoria generalizada contra una infección, que puede tener consecuencias gravísimas y una elevada tasa de mortalidad. Durante el encuentro se apuntaron muchos aspectos interesantes acerca de la sepsis. Uno de ellos, muy relevante a nivel social, es que mientras que la sepsis es una las principales causas de muerte, especialmente en pacientes hospitalizados, su nivel de conocimiento por parte de los ciudadanos es mínimo, muy inferior al del infarto de miocardio, el ictus cerebral, o el SIDA. También todos los ponentes y participantes insistieron en la importancia de la intervención terapéutica rápida para mejorar el pronóstico de los pacientes. De hecho, el inicio urgente del tratamiento en las primeras horas, sobre todo en la primera hora, mejora enormemente las posibilidades de supervivencia. El motivo fundamental de la reunión era exponer las experiencias de las unidades multidisciplinares de sepsis que existen en algunos hospitales de España, entre ellas la pionera de Son Llàtzer y proponer la creación de un “Plan Nacional de Sepsis” y presentar un sistema uniforme de actuación, denominado “Código SEPSIS Nacional”.
Como no podía ser de otro modo en estos tiempos de crisis, la cuestión económica también estuvo muy presente. Una de las mesas estuvo dedicada a la gestión clínico-económica de la sepsis. En dicha mesa participaron un médico clínico, un gerente de área de salud, una economista de la Agéncia d’Informació, Avaluació i Qualitat en Salut (AIAQS) de la Generalitat de Catalunya y un representante de Farmaindustria. Inevitablemente, las presentaciones de los ponentes fueron más allá del tema estricto de la sepsis y derivaron hacia consideraciones generales sobre los aspectos económicos de la asistencia sanitaria. Uno de los aspectos más preocupantes de los que se expusieron, es el hecho de que el porcentaje del PIB dedicado a la sanidad va a bajar en los próximos dos o tres años. A pesar de que el gasto sanitario español es moderado e inferior al de muchos de los países de nuestro entorno, de alrededor del 7% del PIB, va a descender hasta poco más del 5%. Esto quiere decir que no sólo va a haber menos dinero porque los presupuestos van a ser más bajos por la disminución de ingresos del estado, sino que va a haber “mucho menos” dinero, puesto que el porcentaje dedicado a sanidad de esos presupuestos más bajos también va a ser menor, es decir, un doble recorte. Es una de las consecuencias de tener que dedicar un porcentaje creciente del PIB al pago de los intereses de la deuda. Todo ello significa un grave empobrecimiento del sistema sanitario y, digan lo que digan los políticos que nos gobiernan, una seria disminución de la calidad, o las prestaciones, o las dos cosas, así como, con toda probabilidad, el establecimiento de nuevas barreras de acceso al sistema para los ciudadanos, en forma de copagos, repagos, tasas y similares.

Pero quizás lo más preocupante, aunque no sea aparente de entrada, fue la consideración que la economista del AIAQS hizo de la aplicación del concepto de beneficio marginal a la asistencia sanitaria. Resumiendo su exposición, vino a decir que en los últimos dos siglos las mejoras de la capacidad de producir tratamientos médicos han significado un enorme avance en la calidad de vida de la población, que se ha traducido en un espectacular aumento de la expectativa de vida, pero hemos llegado a un punto en que la introducción de nuevos tratamientos supone un coste enorme para un incremento mínimo de la mejora global de las condiciones de vida de la población. Dicho en teoría económica, el coste de producir una unidad extra de “asistencia sanitaria”, el beneficio marginal, es desproporcionado, por lo que sería mejor dedicar los recursos a otros destinos con mejor beneficio marginal que el sanitario. Siguiendo este razonamiento, podríamos suspender la investigación de tratamientos para las enfermedades raras, ya que afectan a un porcentaje muy pequeño de la población y, por tanto, supondrán un coste muy elevado para un beneficio, considerado, en términos generales, mínimo. Sin embargo, para las personas que sufren una enfermedad rara, su tratamiento es la diferencia entre la vida y la muerte, o una vida miserable. Para ellos el beneficio marginal es enorme.

La aplicación generalizada de este concepto de beneficio marginal puede llevar a situaciones de degradación de la propia naturaleza de la asistencia sanitaria. Llevándola al extremo, podría suponer la negación de tratamientos a pacientes que se considere que tienen pocas posibilidades de responder, o que tienen una expectativa de vida corta, o que tienen pocas posibilidades de rehabilitación, o que sufren daños irreversibles, a los ancianos, a los discapacitados psíquicos, etc., etc. Además, habría que definir quién evaluaría en cada caso la pertinencia o no del tratamiento en función del beneficio marginal, cómo se mediría ese beneficio, con qué criterios, cuál sería el punto a partir del cual se considerarían compensados los costes del tratamiento, criterios todos ellos estrictamente económicos, que sustituirían a los médico-sanitarios que han guiado hasta ahora la asistencia sanitaria. En este escenario, el médico no sería el último responsable del tratamiento del paciente. Tras la visita médica y el consiguiente diagnóstico y prescripción de tratamiento, el paciente debería pasar por el evaluador económico, que decidiría qué pruebas diagnósticas complementarias son pertinentes y cuáles no, así como qué tratamiento tiene un beneficio marginal aceptable y cuál no.

Fuente: Mallorca Diario

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